La Defensoría del Pueblo presentó un informe que da cuenta de la situación de vulneración de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad. En algunos centros persisten los cuartos de aislamiento.

La entidad formuló una serie de recomendaciones que permitan avanzar en programas que mejoren las condiciones y contribuyan a eliminar por completo las barreras frente al cumplimiento, garantía y efectividad de los derechos humanos.

Bogotá, 18 de diciembre de 2023 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo presentó este lunes un informe sobre la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 

“A través de visitas a los lugares donde se encuentran cumpliendo medidas privativas los jóvenes, entrevistas y un análisis del funcionamiento del Sistema evidenciamos que persiste la necesidad de generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso, de forma que sea pedagógico, específico y diferenciado de los adolescentes y jóvenes”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo constató infraestructuras deterioradas producto de humedades, deterioro en acometidas eléctricas y prestación de servicios públicos, abandono en lugares para las prácticas recreativas y deportivas, entre otros. También corroboró que la mayoría de las y los jóvenes del Sistema no están informados jurídicamente sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Adicional a ello, en muy pocas ocasiones se aplica el principio de oportunidad. “La falta de regulación de esta figura en el Código de Infancia y Adolescencia constituye uno de los vacíos más importantes de la legislación especial, es por eso que, como parte de las recomendaciones del informe defensorial, le solicitamos al Congreso de la República adelantar una modificación legislativa a la Ley 1098 de 2006”, afirmó el Defensor del Pueblo. 

Camargo Assis señaló que esa modificación tiene como fin establecer parámetros claros para el debido cumplimiento de los estándares internacionales y la protección integral de los derechos de adolescentes que cumplen medidas en el SRPA, pues el Estado está incumpliendo y se encuentra en deuda para garantizar efectivamente los derechos las y los jóvenes que ingresan al Sistema. 

Jóvenes reconocen la existencia de cuartos de aislamiento

“Para la Defensoría del Pueblo, es extremadamente preocupante que en el 12,5% de los centros visitados los jóvenes reconozcan la existencia de cuartos de aislamiento, situación que hemos advertido desde el 2014, pero persiste en la actualidad. Estas medidas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la salud física y mental de los jóvenes”, manifestó Carlos Camargo Assis.

Y añadió: “La única alternativa posible para mantener separado a un o una adolescente o joven del resto es porque deban ser protegidos sus derechos a la vida, la seguridad y la integridad personal, y deberá ser en sitios con condiciones de dignidad”. 

La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, también evidenció que en algunos centros no existe separación de menores de edad de quienes ya cumplieron la mayoría de edad y en muchas oportunidades han cumplido medidas en el sistema de adultos y continúan en los centros, aspecto que podría afectar directamente el proceso diferenciado del Sistema. 

También hay falencias en salud y educación 

Además de todo lo expuesto, la entidad comprobó las falencias y dificultades que persisten sobre rutas de atención en salud para la garantía de la prestación de servicios a nivel municipal y departamental. 

Los funcionarios de la Defensoría también detallaron durante las visitas que en el 37,5% de los centros no hay variedad de programas de formación, y en el 25% no hay acceso a programas técnicos, tecnológicos o de educación superior.

“Si bien los modelos educativos, estrategias pedagógicas y rutas de acceso son competencia de las secretarías de Educación de los entes territoriales, deben ser concertados con la regional respectiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los operadores de los centros de atención especializada y de los centros de internamiento preventivo en los que serán implementados, así como también debe incluirse a las y los jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad”, señaló el Defensor del Pueblo.

Insuficiencia de visitas de defensores de procesos

En el texto del informe defensorial, se refiere: «Resulta inquietante que no todos los adolescentes y jóvenes reciban visitas de los funcionarios encargados de atender sus respectivos procesos, como defensores públicos y defensores de familia. 

Las encuestas aplicadas reportan que defensores de familia (en un 8%) y defensores públicos (en un 42%) incumplen con dichas responsabilidades y que solamente en un 67% la visita es periódica».

Hay ausencia de acciones eficaces 

La entidad nacional de derechos humanos reconoce el esfuerzo del Estado en la ejecución de programas sociales, sin embargo, manifiesta su preocupación ante la falta de acciones eficaces y sostenidas que se traduzcan en programas y proyectos que les permitan a las y los adolescentes construir un proyecto de vida productivo, una vez cumplan con las medidas privativas. 

En consecuencia, la Defensoría formuló una serie de recomendaciones a diferentes instituciones, con el fin de que adelanten gestiones urgentes para mejorar las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que persisten en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y eliminar las barreras frente al cumplimiento, garantía y efectividad de los derechos humanos de las y los adolescentes y jóvenes privados de su libertad.